Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Honduras entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 con los objetivos de avanzar en el Plan de Trabajo para la creación de un Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe publicado este año, y dialogar con autoridades, personas beneficiarias y sus representaciones respecto de la implementación de medidas cautelares.
La misión estuvo liderada por la Comisionada Andrea Pochak, Relatora para Honduras, quien fue acompañada por el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva. En su primer día, la Comisión se reunió con el Canciller Enrique Reina y la Ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y cuerpo técnico de ambas Secretarías. Igualmente, sostuvo un diálogo sobre el Plan de Trabajo para la creación de un Mecanismo de Seguimiento al “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras” y establecer un intercambio cercano y productivo con las autoridades estatales responsables del cumplimiento de las recomendaciones. Durante la tarde, la Comisión se reunió con organizaciones de la sociedad civil para involucrar la participación social en ese Mecanismo de Seguimiento.
En Tegucigalpa la delegación de la CIDH también se reunió con autoridades implementadoras de medidas cautelares, como son la Procuraduría General de la República, Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos y de Seguridad, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la Fiscalía General de la Nación.
Entre los días 31 de octubre y el 1 de noviembre, la Comisión se desplazó a Tocoa, en la región del Bajo Aguán. Allí se reunió con las personas beneficiarias de las Medidas Cautelares 50-14, a favor personas líderes de movimientos campesinos del Bajo Aguán, y de las Medidas Cautelares 137-23, a favor de Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, así como sus representantes.
Estas medidas cautelares fueron otorgadas en el contexto de los conflictos agrarios y en torno proyectos extractivos y de explotación minera en el área, luego de constatar que las personas beneficiarias han enfrentado serios hechos de riesgo en su labor de defensa de la tierra, del territorio y del medio ambiente. La delegación también realizó una visita a la Cooperativa El Chile y un recorrido por la orilla del río Guapinol. Además, la CIDH se reunió con la Fiscalía local.
La Comisión recibió información directa de las personas beneficiarias de las medidas cautelares en Tocoa con relación con la persistencia de actos de amenazas, hostigamientos, vigilancia y violencia en su contra. Asimismo, las personas entrevistadas alertaron sobre la fuerte presencia de grupos criminales en la región, resaltaron sobre campañas de desprestigio y la criminalización en su contra, y advirtieron la ausencia de investigaciones diligentes de la violencia en su contra a lo largo de los años.
La CIDH recuerda el llamado a que el Estado atienda de manera urgente la situación de desprotección que enfrentan las personas beneficiarias de ambas medidas cautelares, que ha resultado en daños irreparables como el reciente asesinato de Juan López, beneficiario de las Medidas Cautelares 137-23, subrayando el importante rol de las personas defensoras en la defensa del territorio y medio ambiente.
De manera complementaria, las personas beneficiarias destacaron los desafíos en la implementación adecuada y efectiva de las medidas dispuestas por el Mecanismo Nacional de Protección. Al respecto, la CIDH tomó nota de información brindada por el Estado sobre iniciativas en trámite por las autoridades para su fortalecimiento. A criterio de la Comisión, para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin temer actos de violencia, es indispensable que el Mecanismo de Protección cuente con recursos económicos suficientes y mejorar su capacidad de gestión para que se puedan cumplir los planes de seguridad establecidos.
Otro punto alertado por las personas beneficiarias es la falta de respuesta efectiva de parte de la justicia respecto de los graves hechos de violencia y amenazas a que han sido sometidas, incluso de asesinatos. Al respecto, la CIDH sigue constatando impunidad en la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos 10 años, producto de que las investigaciones se encuentran descentralizadas y no profundizan en las autoridades intelectuales, como ocurre en el caso del asesinato de Juan López.
Durante la visita, las partes mencionaron la importancia de atender a la conflictividad en el Bajo Aguán. Las personas líderes campesinas reclamaron la instalación de la Comisión Tripartita para investigar violaciones de derechos humanos en la región prevista en el Convenio firmado entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integrados en la Plataforma Agraria y la Coordinación de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la reforma agraria en el Bajo Aguán” en febrero de 2022.
Por su parte, las personas defensoras ambientales alertan que continúa la presencia de grupos armados en el Parque Nacional, y persiste una gran circulación de armas en la zona, por lo que solicitan que se hagan efectivas las políticas ambientales y de desarme, aprobados en los Decretos 18-2024, para la conservación del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, y el Decreto 117-2012, con relación a la prohibición de porte de armas a civiles en el departamento de Colón.
La Comisión valora el compromiso del Gobierno hondureño para llevar adelante dichos acuerdos con la urgencia que requieren. Adicionalmente, alienta a que se pueda fortalecer la institucionalidad estatal en el Bajo Aguán. La CIDH espera que la puesta en marcha de dichos acuerdos, aunada a la imperante necesidad de fortalecimiento del Mecanismo de Protección, apoyen al cumplimiento de medidas cautelares y mitiguen los riesgos que dieron origen a su otorgamiento.
La CIDH agradece la invitación del Gobierno de Honduras a esta visita de trabajo, con todo el apoyo logístico, y valora la oportunidad de diálogo al más alto nivel, caracterizado por ser franco y constructivo. Agradece también a las organizaciones representantes y las personas y las comunidades beneficiarias su disposición de acudir a las reuniones convocadas y por la información compartida.
La CIDH continuará trabajando para la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento de Recomendaciones para Honduras y para el seguimiento cercano de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos, para que puedan seguir en su lucha en la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente sin ser objeto de amenazas y violencia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino
CNP: 15.730
