La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó su 191° Período de Sesiones con un total de 35 audiencias públicas, 25 de ellas abarcaron 19 países y 10 en las que se abordaron situaciones de derechos humanos a nivel regional. Este Periodo de Sesiones se llevó a cabo entre el 4 y 15 de noviembre.

La CIDH recibió a representantes de organizaciones civiles y de los Estados miembros para evaluar la realidad de los derechos humanos en las Américas.

La situación generalizada de violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el contexto postelectoral se trató en una audiencia y en una rueda de prensa donde la Presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, y la Comisionada relatora de país, Gloria De Mees, acompañadas del Pleno de la CIDH, hicieron un enfático llamado al régimen actual para que ponga fin a la represión y libere a las personas presas políticas. “Lo que pasó y pasa en Venezuela no debe aceptarse ni normalizarse. Ha habido una destrucción de la democracia en ese país y pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo rendición de cuentas”, declaró Clarke ante más de cincuenta periodistas de la región, conectados virtualmente.

Se abordó ampliamente la situación de la independencia judicial en diversos Estados de la región y a nivel regional. En particular, se realizaron audiencias específicas sobre este tema en relación con El Salvador, Bolivia, Perú y México. Sobre este último se realizó además una segunda audiencia para tratar la situación de las mujeres privadas de libertad en la prisión federal CEFERESO 16.

Otros temas abordados fueron la necesidad de protección a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y Ecuador, y las condiciones de vida de las personas haitianas en situación de movilidad en Jamaica y de quienes transitan por la selva colombo-panameña. A su vez, se abordó la garantía del derecho al asilo en Chile.

Se celebraron audiencias sobre la institucionalidad democrática de El Salvador, Nicaragua y Perú, en este último caso, tomando en cuenta el impacto de la ley de los delitos de crímenes de lesa humanidad y de guerra promulgada en 2024. En relación con Argentina, se presentó información sobre la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia; de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género; y las políticas sociales para las personas trabajadoras de la economía popular.

Las personas Comisionadas tuvieron la oportunidad también de escuchar la situación de las personas mayores en Cuba y de las poblaciones afrodescendientes de Panamá; las consecuencias del cibercrimen en la libertad de expresión y religión en Barbados; y denuncias de abusos policiales en República Dominicana. Además, se examinó la violencia de género en contra de las trabajadoras sexuales, mujeres migrantes y transexuales en Guyana, mientras que sobre Estados Unidos se hizo lo propio con respecto al impacto de la violencia provocada por las armas, en los derechos humanos.

En cuanto a las audiencias regionales, se recibió información relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, las transmasculinidades y acceso al derecho a la salud, los ataques a la autonomía universitaria, los impactos de la extracción de minerales y de las zonas económicas especiales en las comunidades locales y en el medioambiente y la situación de las personas defensoras de la población en movilidad. Adicionalmente, se abordó la situación de los pueblos indígenas A’i Cofán, Andwas, Shuar, Siekopai, Siona y Wampis, pertenecientes a la amazonía peruana y ecuatoriana.

Del mismo modo, la Comisión celebró audiencias de tres casos en etapa contenciosa: Carlos Pizarro Leongómez vs. Colombia, Martín Ezequiel Bustos Concone vs. México y PRM, IS y otros vs. Brasil. La Comisión agradece la participación de los Estados y continuará con el estudio de los respectivos casos. En dos audiencias se dio seguimiento a medidas cautelares respecto de Brasil, en especial a la Mesa de Trabajo para la implementación de las medidas que protegen a integrantes de UNIVAJA; así como sobre personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

La CIDH llevó a cabo 6 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares correspondientes a Honduras, Colombia, Perú y Argentina, en las que se destaca la participación y apertura al diálogo para la concertación de las medidas de protección. Asimismo, aprobó 13 informes de fondo; los temas abordados fueron entre otros, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, restitución internacional de la niñez, alimentación forzada, derecho a la salud, a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, pena de muerte y violencia de género.

En eventos paralelos se dialogó sobre los mecanismos de protección para las personas migrantes, y las buenas prácticas en el cumplimiento de estándares interamericanos referidos a los derechos de la mujer. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión llevó a cabo un acto para honrar a personas periodistas que fueron asesinadas, en el marco del día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Asimismo, otro evento reflexionó sobre el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos en el marco de los 25 años de la Declaración de ONU y la presentación de la Declaración +25.

Además, se llevó a cabo el tercer diálogo de alto nivel entre el pleno de la CIDH con la Corte de Justicia del Caribe, el cual se enfocó en la situación de los pueblos indígenas y tribales y las personas con discapacidad, y en el que se abordaron los estándares y estrategias de trabajo al respecto.

La Comisión agradece la participación de los Estados y organizaciones de la sociedad civil por su participación en el 191° Período de Sesiones.  La Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región.

La CIDH lamenta la ausencia del Estado de El Salvador en la audiencia a la que fue convocado. La ausencia de las delegaciones de los Estados dificulta el trabajo de la CIDH. Por el contrario, l Sistema Interamericano se fortalece con la participación activa de los Estados, las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido, recuerda que, conforme al artículo 63 del Reglamento, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes a las audiencias públicas y de abstenerse de tomar represalias debido a las declaraciones emitidas durante las audiencias públicas.

Acompaña este comunicado de prensa un anexo con los resúmenes de todas las audiencias públicas celebradas. Los videos de las audiencias están disponibles en YouTube y las fotos se pueden encontrar en Flickr.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Resúmenes de
Audiencias Públicas
191 Período de Sesiones
11 – 15 noviembre, 2024

Audiencias Públicas
Cuba: Derechos de las personas mayores
Las organizaciones solicitantes detallaron la grave crisis de derechos humanos que enfrentan las personas mayores
en Cuba, que incluye un deterioro acelerado de su calidad de vida, empobrecimiento y falta de acceso a servicios
esenciales. La situación se ve exacerbada ante la grave crisis energética, el éxodo migratorio, la brecha digital, la
crisis alimentaria y las restricciones a los derechos civiles y políticos, que tiene efectos desproporcionados en esta
población. Las organizaciones también denunciaron la invisibilidad de la violencia de género contra mujeres
mayores, el aumento del número de personas mayores en situación de calle y la insuficiencia de las pensiones para
cubrir sus necesidades básicas tales como alimentos y medicamentos. El Estado no envió representantes a esta
audiencia. Por su parte, la CIDH agradeció la recopilación de esta información, expresó su solidaridad con las
personas mayores en Cuba, y resaltó la importancia de darles voz y visibilizar su situación. Asimismo, la CIDH aseguró
que solo una transición democrática generará las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos
de esta población en Cuba.
Bolivia: Situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial
La organización solicitante se refirió a los desafíos históricos del sistema de justicia en Bolivia, incluyendo la falta de
certeza jurídica en las elecciones judiciales, la prórroga de mandatos judiciales y los impactos a la democracia
derivados de la falta de renovación oportuna de altas cortes. Denunció distintas debilidades de la independencia
judicial en Bolivia; entre estos, injerencias del órgano ejecutivo sobre el órgano judicial y falta de procesos de
selección por concursos. El Estado resaltó medidas adoptadas para fortalecer la independencia del órgano judicial.
Informó sobre el proceso de elecciones de autoridades judiciales, programado para el 15 de diciembre de 2024. La
CIDH manifestó preocupación por la falta de confianza de la sociedad civil en el sistema judicial, que podría estar
reflejada en la escaza participación ciudadana en la selección de las altas autoridades judiciales. Instó a tomar las
medidas necesarias para garantizar un ambiente favorable para el próximo proceso electoral.

Colombia: Seguimiento a medidas cautelares de personas defensoras de
derechos humanos
Las organizaciones representantes de personas defensoras de derechos humanos y beneficiarias en Colombia
abordaron algunos de los desafíos presentes en la implementación de sus medidas de protección. En la audiencia
requirieron al Ministerio de Relaciones Exteriores fortalecer su rol en la coordinación de las medidas recomendadas
por la Comisión, subrayando la falta de un protocolo claro, reuniones periódicas entre las autoridades y las personas
beneficiarias y falta de seguimiento a acuerdos alcanzados con instituciones del Estado. También criticaron las
deficiencias en la provisión de medidas de protección, la realización descontextualizada de análisis de riesgo, la
imposición de medidas de protección sin enfoques territoriales, raciales, étnicos y/o de género, y la falta de avances
en las investigaciones sobre los crímenes contra defensores para mitigar sus riesgos. Por su parte, el Estado, además
de reiterar su compromiso de cumplir con su obligación de protección, presentó los esfuerzos realizados para
investigar los crímenes contra defensores. Asimismo, manifestó su apertura al diálogo con la sociedad civil en el
seguimiento de las medidas cautelares. La Comisión destacó la relevancia de la protección de las personas defensoras en el país. Al respecto, se subrayó la trascendencia de la toma en consideración de enfoques
diferenciales, la importancia de las medidas colectivas, el principio de concertación y la relevancia de luchar contra
la impunidad en los delitos contra defensores de derechos humanos. Finalmente, la Comisión saludó el ánimo de
dialogo entre las partes y la disposición del Estado de convocar a la sociedad civil a reuniones para la construcción
de un protocolo integral de implementación de medidas cautelares en el primer trimestre del 2025.

Barbados: Impact of the cybercrime bill on freedom of expression, religion, and
conscience
Las organizaciones solicitantes externalizaron su preocupación por el proyecto de ley de ciberdelincuencia,
señalando que sus disposiciones sobre “comunicaciones maliciosas” y “ciberacoso” podrían socavar derechos
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones sostuvieron que la
criminalización de estas conductas, definidas con un lenguaje presuntamente amplio y ambiguo, conllevarían a
multas y penas de prisión desproporcionadas y atentarían contra la libertad de conciencia y religión y la libertad de
pensamiento y expresión, consagradas en los artículos 12 y 13 de la Convención.
El Estado explicó haber celebrado consultas institucionales amplias, robustas y transparentes con la sociedad civil
para recabar opiniones sobre el proyecto de ley. Estas consultas condujeron a enmiendas destinadas a alinear la
legislación propuesta con estándares internacionales de derechos humanos y las disposiciones sobre ciberdelitos
adoptadas por otros Estados. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión saludaron el diálogo entre
las partes y alentaron su continuación. Además, ofrecieron su cooperación técnica para refinar el proyecto de ley de
común acuerdo.

Regional: Situación de los derechos sexuales y reproductivos de personas con
discapacidad
Las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron las barreras que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres
con discapacidad en el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos y en el acceso a la justicia. Explicaron cómo
el capacitismo justifica prácticas como la esterilización, contracepción y aborto forzado; a la vez, perpetúa
estereotipos dañinos; barreras físicas, y falta de información sobre salud. Resaltaron la necesidad de contar con
programas de educación sexual integral disponible en formatos accesibles. La CIDH señaló que las personas con
discapacidad que son atravesadas por otros factores interseccionales como el género, etnia, ruralidad y estatus
social se encuentran en mayor riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos, en particular, los sexuales y
reproductivos. Resaltó la importancia de superar el modelo médico de la discapacidad mediante el reconocimiento
de capacidad jurídica plena y la adopción del modelo social.
Regional: Personas defensoras de la población en situación de movilidad
Las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron a la Comisión sobre los diversos riesgos que enfrentan
quienes defienden a la población en situación de movilidad. Entre estos riesgos se destacaron las detenciones,
deportaciones, criminalización, intimidaciones, hostigamiento y vigilancia digital. Las personas defensoras son
frecuentemente señaladas como “posibles agentes que promueven la migración,” incluso de forma “irregular,” y en
muchos casos se las vincula con redes criminales. Además, señalaron el impacto diferenciado de la violencia sobre las mujeres dedicadas a esta labor, no solo por los riesgos inherentes, sino también por desafiar los roles de género.
Indicaron que los actores responsables del hostigamiento, acoso y agresiones hacia estas personas pueden variar
según el contexto del país, e incluyen desde funcionarios estatales hasta bandas criminales o miembros de
comunidades que ven con recelo la llegada de personas migrantes. Instaron a que se garanticen las condiciones
necesarias para desarrollar su labor, se faciliten recursos y se desarrollen marcos normativos de protección para las
personas defensoras.
Por su parte, la CIDH destacó el constante monitoreo que se ha realizado a esta temática en diversas oportunidades.
Reiteró que las personas defensoras de migrantes y refugiadas son esenciales en la región, ya que facilitan atención,
integración y protección de derechos. Exhortó a los Estados a visibilizar la situación migratoria, así como los riesgos
que este tipo de defensa conlleva y a fortalecer la protección de estos defensores.

Colombia: Caso 13.811 Carlos Pizarro Leongómez
El caso está relacionado con la presunta responsabilidad del Estado por la muerte del candidato presidencial para el
periodo de 1990-1994, Carlos Pizarro Leongómez ocurrida el 26 de abril de 1990, y la impunidad en la que se
encuentran los hechos. Además, se alega la falta de protección de su hija, María José Pizarro Rodríguez, de las
amenazas realizadas en su contra y de su derecho a la identidad. Asimismo, se aduce que existieron afectaciones
contra María del Mar Pizarro García, la segunda hija de la presunta víctima y otras integrantes de su familia.
Durante la audiencia, la Comisión escuchó las declaraciones de María José Pizarro y de Laura García, ex
compañera de vida de Carlos Pizarro, y los alegatos de las partes respecto del fondo del asunto. La parte
peticionaria sostuvo que a la fecha no existen avances sustantivos en las investigaciones del caso,
especialmente con la identificación de los autores intelectuales del delito. El Estado realizó un
reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos y expresó su disposición para concertar
las medidas de reparación.

Regional: Transmasculinidades y acceso al derecho a la salud
Las organizaciones solicitantes de la audiencia denunciaron falta de garantías a los derechos de las personas
transmasculinas en la región; específicamente, relataron los desafíos para el acceso al derecho a la salud.
Presentaron información sobre la falta de atención a la salud integral; ausencia de políticas públicas inclusivas y la
estigmatización que enfrentan en instituciones públicas y privadas, en donde prevalecen estereotipos de género
debido a la falta de formación y sensibilización del personal médico y administrativo. En ese sentido, las personas
transmasculinas se enfrentan a la patologización de sus identidades de género; falta de garantías para el ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos; y desafíos para el acceso a servicios de salud mental con perspectiva de
género. La CIDH expresó su preocupación ante la discriminación que enfrentan las personas transmasculinas en el
sistema de salud; exhortó a los Estados a atender la violencia y de discriminación sistemática que viven las personas
trans, especialmente los hombres trans y transmasculinidades en la región. Asimismo, saludó aquellas buenas
prácticas informadas por los solicitantes.

Regional: Ataques a la libertad académica y a la autonomía universitaria
Las organizaciones presentaron un análisis regional sobre los ataques a la libertad académica y autonomía
universitaria en las Américas. A pesar del reconocimiento legal internacional y regional, destacaron la falta de
desarrollo de este derecho a nivel estatal e institucional. Señalaron ataques a la autonomía universitaria en sus
dimensiones financiera, administrativa, pedagógica y física, así como la persecución y criminalización de estudiantes,
docentes e investigadores por abordar temas de raza, género, historia, medio ambiente y políticas públicas. Además,
se destacó la violencia sexual y de género en las universidades, donde pocos centros académicos cuentan con
protocolos adecuados para su tratamiento, y las víctimas temen denunciar debido a la falta de apoyo institucional.
También se observan represalias contra académicos que investigan o enseñan sobre género, como despidos y la
cancelación de becas o programas. Aunque Cuba, Nicaragua y Venezuela son los contextos más hostiles, las
represalias afectan también a distintos países en la región como Argentina, Brasil, Colombia, México y El Salvador.
En relación con Estados Unidos y Canadá, las organizaciones solicitantes expresaron su preocupación por la
legislación que busca restringir los planes de estudio y los materiales pedagógicos, así como por el incremento de la
presencia policial en las instituciones educativas, a raíz de las protestas ocurridas en respuesta a los hechos en el
Medio Oriente.
La Comisión destacó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, pero
expresó preocupación por el aumento de informes sobre ataques a este derecho y su posible impacto en la garantía
de otros derechos fundamentales. Subrayó la importancia de defender los métodos académicos y científicos, lo cual
depende tanto del Estado como de la comunidad universitaria.

México: Situación de las mujeres privadas de libertad en el CEFERESO 16
Las organizaciones solicitantes manifestaron su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres privadas de
libertad en el centro penitenciario federal CEFERESO No. 16, con énfasis en los fallecimientos por suicidio.
Destacaron aspectos de mala alimentación, violencia intracarcelaria, prácticas de aislamiento y malos tratos, además
de la ausencia de atención a la salud física y mental. Adicionalmente, señalaron una falta de debida diligencia en las
investigaciones de las muertes, y de adopción de medidas de no repetición. Igualmente, solicitaron la instalación de
una mesa de trabajo interdisciplinaria para atender esta situación.
Por su parte, el Estado lamentó los fallecimientos y remarcó las medidas adoptadas. Entre ellas, mencionó la
atención psiquiátrica, psicológica y ginecológica; actividades deportivas y culturales; videollamadas con familiares, y
programas de resolución de conflictos para evitar la violencia intracarcelaria. Asimismo, refirió que las
investigaciones sobre las muertes se encuentran en curso. A su turno, la CIDH expresó su preocupación por las
muertes no esclarecidas y el elevado empleo de prisión preventiva. Asimismo, remarcó las inconsistencias entre lo
señalado por el Estado y lo afirmado por las organizaciones solicitantes y, se puso a disposición para colaborar y
darle seguimiento a esta situación, incluso en caso de que se instale la mesa de trabajo.

El Salvador: Institucionalidad democrática
El Estado de El Salvador declinó participar en esta audiencia. Las organizaciones denunciaron el deterioro de la
institucionalidad democrática y la separación de poderes en El Salvador. Señalaron el abuso de la figura de “dispensa
de trámite” por parte de la Asamblea Legislativa para aprobar reformas constitucionales y legales, sin discusión ni participación ciudadana, las cuales favorecerían la concentración de poder en el Ejecutivo. De manera particular,
llamaron la atención sobre la reforma al artículo 248 constitucional, que flexibilizaría el proceso de modificación de
la Constitución.
Asimismo, recordaron que la destitución de las magistraturas de la Sala de lo Constitucional en 2021 y su reemplazo
permitió validar la reelección presidencial inmediata, a pesar de la prohibición constitucional. Indicaron que estas
afectaciones a la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional se reflejan en la falta de control constitucional
de reformas que afectarían derechos humanos y en el rechazo masivo del recurso de habeas corpus en el marco del
régimen de excepción, lo que dificulta el acceso a la justicia. Por su parte, la CIDH lamentó la ausencia del Estado en
la audiencia y expresó su preocupación por la reducción de la participación democrática en los procesos legislativos
de reforma.

México: Reforma judicial
Las organizaciones solicitantes señalaron las posibles vulneraciones a los derechos humanos que la reforma
constitucional del poder judicial acarrearía en México. Representantes de personas operadoras de justicia
rechazaron la reforma por afectar su garantía de inamovilidad del cargo y sus derechos laborales, incluyendo el
impacto desproporcionado en la carrera judicial de mujeres juzgadoras. Indicaron que la elección popular no
garantiza la selección idónea de juzgadores ni la independencia judicial. Organizaciones de sociedad civil resaltaron
las afectaciones al acceso a la justicia, en especial de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El Estado indicó que la reforma se condujo según los procedimientos constitucionales adecuados, incluyendo
participación ciudadana. Señaló que se trata de una reforma vigente, que respetará los derechos laborales del
personal cesado y que garantizará la elección de personas idóneas a través de los comités de selección. Indicó que
la reforma no admite control judicial y que parte de la voluntad soberana del pueblo. Por su parte, la CIDH preguntó
al Estado por el diagnóstico que dio a lugar a la actual reforma judicial, la falta de inclusión de la Fiscalía en el modelo
de reforma, las medidas para evitar la inclusión del crimen organizado en la elección, los incentivos para que
personas idóneas postulen, asegurando la carrera judicial.

Ecuador: Situación de personas periodistas y defensoras de la libertad de
expresión
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las y los periodistas están cada vez más expuestos a ataques,
amenazas e intimidaciones, en un contexto crítico de violencia impulsado por el crimen organizado, con altos niveles
de impunidad y debilitamiento de las garantías para su protección. Asimismo, destacaron el incremento de
periodistas en exilio y el abandono institucional por parte del Estado en estos casos. El Estado reafirmó su
compromiso con el derecho de la libertad de expresión y asociación, y comentó que ha compartido información de
forma permanente y constante con la Comisión Interamericana sobre la situación de la prensa en Ecuador. Además,
manifestó su apertura para diseñar soluciones conjuntas con la sociedad civil para un entorno libre y seguro para
periodistas. La CIDH reconoció los altos riesgos que enfrentan los periodistas actualmente en Ecuador, y la necesidad
de mecanismos de protección que garanticen plenamente su integridad. Agradeció los esfuerzos existentes del
Estado para atender esta situación, pero advirtió que resultan insuficientes para evitar el progresivo deterioro de la
libertad de expresión en el país.

México: Caso 14.712 Martín Ezequiel Bustos Concone
El caso está relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los
derechos humanos del señor Martín Ezequiel Bustos Concone, nacional de Argentina. La parte peticionaria aduce
que el señor Bustos Concone habría sido detenido ilegalmente sin ser informado de su derecho a solicitar asistencia
consular, torturado, forzado a autoinculparse y a declarar sin contar con adecuada asistencia legal, y condenado
penalmente como consecuencia de un proceso viciado.
Durante la audiencia la Comisión escuchó la declaración del señor Bustos Concone, rendida desde el lugar en que se
encuentra privado de libertad, y alegatos de las partes respecto a la admisibilidad y el fondo del asunto. La parte
peticionaria manifestó que el señor Bustos Concone ha sido víctima de violaciones a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y que la reparación integral
de estas exige que aquél recupere su libertad. El Estado sostuvo que la detención del señor Bustos Concone fue legal,
que el consulado argentino fue informado de la detención de aquél, que a nivel doméstico existe una investigación
en curso sobre los alegados hechos de tortura, y que el caso resulta inadmisible conforme a la fórmula “cuarta
instancia” y por el incumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos.

Regional: Mecanismos nacionales de implementación y seguimiento de
recomendaciones
Las organizaciones señalaron que muchos países de la región cuentan con mecanismos de implementación y
seguimiento de recomendaciones de derechos humanos, y otros avanzan en su creación. Sin embargo, destacaron
la falta de mecanismos para garantizar la participación de la sociedad civil en estos procesos, así como de
transparencia en la difusión de avances y acceso a información pública. Subrayaron la necesidad de mejorar la
coordinación con organismos de derechos humanos, fortalecer su legitimidad jurídica y asegurar recursos para
garantizar su autonomía y operatividad.
Por su parte, la CIDH destacó la necesidad de implementar mecanismos nacionales de seguimiento de
recomendaciones que sean efectivos, abiertos y transparentes, permitiendo la participación significativa de la
sociedad civil en los procesos de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones. Coincidió en que estos
mecanismos deben tener una estructura jurídica sólida e independencia financiera para asegurar su funcionamiento
autónomo, sin depender de la voluntad política de los Estados.

Regional: Derechos de las personas en movilidad humana en la selva colombopanameña
La Defensoría del Pueblo de Panamá denunció la crítica situación que enfrentan las personas migrantes y otras
desplazadas forzosamente en su tránsito por la selva colombo-panameña. Resaltó, que la falta de fuentes de
información hace que las cifras de personas que atraviesan esta selva sean estimadas, y se desconocen los números
reales de víctimas de violaciones a derechos humanos, particularmente de aquellas que se encuentran en situación
especial de riesgo. Finalmente, destacó la necesidad de establecer mecanismos regionales de atención y protección
para responder a los flujos migratorios. Por su parte, el Estado de Colombia apuntó que la magnitud del flujo hace
evidente que ningún Estado puede afrontar la situación de manera aislada. Asimismo, indicó que se debe trabajar
en un marco de corresponsabilidad entre los Estados de origen, tránsito, destino y retorno, e hizo un llamado regional a trabajar hacia una migración segura, ordenada y con enfoque de derechos humanos. De igual forma, el
Estado de Panamá enfatizó que el Darién se ha convertido en una ruta de tránsito de personas migrantes, con un
flujo que ha aumentado en los últimos años por causas ajenas al Estado panameño. Además, señaló que las
instituciones estatales afrontan la situación de la manera más respetuosa de los derechos humanos de las personas
migrantes. Por último, la CIDH expresó preocupación por los riesgos de violencia, explotación y abusos que enfrentan
las personas que atraviesan la región del Darién. A la vez, llamó a aumentar la asistencia a las personas en esta zona,
y reiteró a su vez que es un problema regional que requiere de un enfoque regional de protección.

Chile: Garantía del derecho de asilo
Las organizaciones solicitantes destacaron los desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad humana
en la región, en particular de nacionalidad venezolana y haitiana, y las vulneraciones que atraviesan estas
poblaciones en Chile. Al respecto, enfatizaron los obstáculos que enfrentan para ejercer el derecho de buscar y
recibir asilo, así como la protección complementaria y otras formas de regularización migratoria. Por su parte, el
Estado enfatizó sus acciones y políticas para integrar personas en movilidad al sistema de protección, quienes serían
alcanzadas por el principio de no devolución. No obstante, reconoció la mora de las resoluciones a las solicitudes de
protección internacional y la necesidad de ampliar su capacidad de resolverlas. Asimismo, reforzó su interés en
colaborar con la CIDH mediante estrategias conjuntas de seguimiento al tema. La CIDH destacó la necesidad de que
las respuestas del Estado a la migración favorezcan procesos simplificados de protección internacional, fomenten
vías de regularización migratoria y no criminalicen la migración irregular.

Brasil: Seguimento da Mesa de Trabalho, Medidas Preventivas de membros de
povos indígenas da UNIVAJA
PT
A representação das medidas cautelares ressaltou o papel da CIDH para os avanços na implementação de medidas
a favor de Bruno Araújo, Dom Phillips e membros da UNIVAJA. Reconheceu as ações do Estado para que o Vale do
Javari se torne seguro para defensores de direitos humanos. Também assinalaram a necessidade de avançar em
medidas de efeito duradouro e concreto no dia a dia das pessoas beneficiárias, as quais permanecem em um
ambiente de insegurança. O Estado informou sobre o indiciamento do mandante do assassinato de Bruno Araújo e
Dom Phillips; a elaboração de planos de proteção para membros da UNIVAJA; a atualização do Plano de Proteção
Territorial do Vale do Javari, e a realização de operações policiais na Terra Indígena. Igualmente, reforçou seu
compromisso para implementar a Mesa de Trabalho relacionada às medidas cautelares e sua abertura a
continuidade do diálogo com a representação. A CIDH reconheceu os avanços em matéria de proteção das pessoas
beneficiárias e investigação dos assassinatos de Bruno Araújo e Dom Phillips, alentando as partes a ampliar o diálogo
e a transparência. Recordou os direitos dos Povos Indígenas ao efetivo gozo do seu território e os deveres estatais
de proteção destes. Esta permanece à disposição para cooperação técnica, conforme previsto no Plano de Ação da
Mesa de Trabalho e continuará dando seguimento às medidas cautelares.

ESP
La representación de las medidas cautelares destacó el papel de la CIDH en los avances en la implementación de
medidas a favor de Bruno Araújo, Dom Phillips y miembros de UNIVAJA. Reconoció las acciones del Estado para
hacer del Valle del Javari un lugar seguro para los defensores de derechos humanos. También señaló la necesidad
de avanzar en medidas que tengan un efecto duradero y concreto en la vida cotidiana de las personas beneficiarias,
que siguen en un ambiente de inseguridad. El Estado informó sobre la imputación del autor intelectual del asesinato
de Bruno Araújo y Dom Phillips; la elaboración de planes de protección para los miembros de la UNIVAJA; la
actualización del Plan Territorial de Protección del Valle del Javari, y la realización de operaciones policiales en la
Tierra Indígena. Asimismo, reforzó su compromiso con la implementación de la Mesa de Trabajo relacionada a las
medidas cautelares y su apertura a continuar el diálogo con la representación. La CIDH reconoció los avances en la
protección de las personas beneficiarias y en la investigación de los asesinatos de Bruno Araújo y Dom Phillips,
alentando a las partes a ampliar el diálogo y la transparencia. Recordó los derechos de los pueblos indígenas al goce
efectivo de su territorio y los deberes del Estado de protegerlos. Esta mantiene su disponibilidad para la cooperación
técnica, prevista en el Plan de Acción de la Mesa de Trabajo, y continuará el seguimiento a las medidas cautelares.

Regional: Situación de la independencia judicial en las Américas
Las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión los diversos desafíos que estarían poniendo en
riesgo la independencia judicial en diversos países de la región. Dentro de estos desafíos destacaron: procesos de
selección inadecuados e influencia de otros poderes del Estado en los mismos que han derivado en la selección de
personas que no cumplirían con los requisitos de idoneidad y meritocracia; inseguridad de operadores de justicia
frente al crimen organizado; instrumentalización del sistema de justicia para ejercer control de personas operadoras
de justicia; entre otros.
Por su parte, la Comisión destacó que la independencia judicial es un elemento fundamental de la institucionalidad
democrática y que el respeto a las garantías judiciales a la luz de la Convención solo se logra a través de tribunales
independientes e imparciales. Observó que la debilidad y ataques a la independencia judicial es un común
denominador y resaltó la importancia que este tema tiene para la CIDH y el continuo monitoreo que viene
realizando.

Brasil: Caso 14.838 PRM, IS e outros
El caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado brasileño por las alegadas violaciones a los derechos
humanos de I.S., una niña nacida el 25 de octubre de 2007 en Río de Janeiro. I.S. fue adoptada por la pareja extranjera
A.K.K. y A.J.G.J. sin que su padre biológico, P.R.M., fuera notificado para participar en el proceso de adopción. El caso
también se refiere a la supuesta vulneración de los derechos de P.R.M., quien intentó recurrir la sentencia de
adopción, pero sus apelaciones fueron rechazadas y su solicitud de prueba de ADN no fue evaluada bajo el
argumento de que “no poseía pruebas de su paternidad”. Además, se incluye la supuesta violación a los derechos
de R.S., la madre biológica de I.S., una mujer con discapacidad (padece trastornos psiquiátricos – esquizofrenia) y
que fue interdictada en el marco un proceso de adopción de otro hijo anterior a I.S, y que, en el proceso de adopción
de I.S. no habría sido debidamente informada sobre las consecuencias de la adopción de su hija. La separación de
I.S. de sus padres biológicos y la falta de garantías adecuadas en el proceso de adopción han dado lugar a alegaciones
de violaciones a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección de la familia.

Durante la audiencia, la Comisión escuchó la declaración del señor P.R.M, y los alegatos de las partes respecto del
fondo del asunto. La parte peticionaria sostuvo la adopción de la niña I.S violó los derechos del señor P.R.M y de la
señora R.S. a la vida privada y familiar, a las garantías judiciales y a la protección judicial y estuvo enmarcada en un
contexto de discriminación racial y en razón de la pobreza. El Estado alegó que la adopción observó el derecho
interno y estuvo direccionada a la protección del interés superior de la niña I.S.
Jamaica: Situación de los haitianos en movilidad humana
La organización solicitante expresó su preocupación por la política de Tolerancia Cero del Estado de Jamaica contra
los haitianos en movilidad humana y proporcionó información sobre los abusos de derechos humanos a los que se
enfrenta esta población en situación de vulnerabilidad. Al señalar que existen pocos datos oficiales sobre los
haitianos en Jamaica, la organización solicitante proporcionó información relativa a la tortura relacionada con la
migración, la detención arbitraria, la separación de familias, la detención de niños y las expulsiones colectivas. El
Estado destacó los desafíos operativos y logísticos ocasionados por el movimiento irregular de haitianos a Jamaica y
aclaró sus acciones y procedimientos migratorios, señalando que sus acciones para proteger los derechos de los
migrantes haitianos están en línea con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La CIDH recordó la grave
situación que enfrentan los haitianos en movilidad humana en la región. Asimismo, lamentó la ausencia de un marco
normativo para su protección y regularización y reiteró su llamado a un enfoque regional para abordar su protección.

República Dominicana: Denuncias de violaciones al derecho a la vida en el
contexto de acciones policiales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana expresó la situación de lo que considera
son ejecuciones extrajudiciales en el marco de “intercambios de disparos”, caracterizando la edad de las víctimas,
su situación económica y origen étnico-racial, así como deficiencias en las investigaciones y su posterior impunidad.
En particular, señalaron que en el primer semestre de 2024 se documentaron 70 casos de ejecuciones
extrajudiciales. Por su parte, el Estado rechazó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y enfatizó que las fuerzas
de seguridad actúan según el marco jurídico y en apego a derechos humanos. A la vez, informó sobre acciones para
la prevención y control de la seguridad ciudadana, así como para la transparencia y capacitación de los elementos
de la fuerza. Finalmente, la CIDH señaló la importancia de contar con protocolos y capacitaciones sobre el uso de la
fuerza apegado a estándares interamericanos, y la necesidad de contar con información de las muertes en operativos
policiales desagregada por edad, origen étnico-racial y situación económica de las víctimas. Por último, puso a
disposición sus diferentes mecanismos para fomentar el diálogo entre las partes.
Argentina: Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la
economía popular
Las organizaciones alertaron sobre la regresividad en derechos humanos como consecuencia de las políticas de
austeridad y recortes en programas de protección social, sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables,
como los trabajadores de la economía popular. Expresaron su preocupación por el desfinanciamiento y
desmantelamiento de políticas sociales y organizaciones que promueven los DESCA, y señalaron que, ante el aumento de la pobreza extrema y el trabajo informal, no se garantiza el acceso a las necesidades básicas de las
personas vulnerables.
El Estado informó su compromiso en el desarrollo de políticas de protección y fortalecimiento de la sociedad y de
los sectores más desprotegidos a través de un esquema de inversión social directa orientado a impulsar el desarrollo
económico de las comunidades. Señaló que se encuentra trabajando en la racionalización de los recursos
disponibles, en un contexto macroeconómico adverso e indicó que los mecanismos de diálogo con la sociedad civil
se encuentran disponibles. Por su parte, la CIDH destacó el compromiso histórico del Estado con los derechos
económicos, sociales, y culturales, y subrayó su obligación de garantizar su avance progresivo mediante un uso
eficiente de los recursos disponibles. Resaltó la importancia de políticas económicas y fiscales con enfoque de
derechos humanos para promover un desarrollo inclusivo, especialmente para las personas más vulnerables.
También resaltó la necesidad de mantener un diálogo abierto y estructurado con la sociedad civil para monitorear
el impacto de estas políticas, asegurar la protección de derechos fundamentales y prevenir retrocesos en áreas clave
como educación, salud y seguridad social.

Venezuela: Situación de los derechos humanos en el contexto postelectoral
Las organizaciones solicitantes denunciaron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos tras la elección
presidencial del 28 de julio de 2024. Enmarcaron estas violaciones dentro de una estrategia represiva del Estado
para sembrar terror en la ciudadanía y evitar nuevas protestas por las denuncias de fraude electoral. Por su parte,
la Comisión Interamericana resaltó la grave situación del país y la falta de instituciones independientes para proteger
los derechos humanos y la democracia. La CIDH reiteró que continuará visibilizando ante la comunidad internacional
los abusos cometidos por el Estado, en particular, de cara a la posesión presidencial que tendrá lugar el 10 de enero
de 2025.
Argentina: Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las
violencias de género
Las organizaciones solicitantes señalaron que existe un retroceso en las políticas públicas diseñadas para abordar y
erradicar la violencia de género y garantizar de los derechos sexuales y reproductivos. Ejemplificaron los retrocesos
con los recortes presupuestarios a programas clave de prevención y atención a la violencia de género; reducción de
personal; debilitamiento de los servicios de protección; eliminación de instancias esenciales como el Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad; la paralización de distribución de insumos para acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo y la suspensión de fondos para el Plan del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
Requirieron una visita de la CIDH para observar la situación de derechos humanos de las mujeres. Por su parte, el
Estado manifestó que la situación de emergencia económica condujo a la adopción de medidas de ajuste fiscal, lo
que implicó una reestructuración general orientada a mejorar la eficiencia del aparato estatal y la transferencia de
competencias institucionales. La CIDH enfatizó la necesidad de reconocer la violencia de género como un tipo de
violencia específico que afecta de manera particular a las mujeres. A la vez, recordó la importancia de adoptar
medidas conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

Nicaragua: Apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos
humanos
Las organizaciones solicitantes alertaron sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales
(IFIs) en relación con los derechos humanos, debido a su financiamiento al Estado de Nicaragua, a pesar de la crisis
iniciada en 2018. Señalaron que las IFIs, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Centroamericano de Integración Económica, han aprobado proyectos multimillonarios sin evaluar adecuadamente
los riesgos de violaciones de derechos humanos. Estos fondos fortalecen al gobierno, profundizan la represión y
afectan a comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes no han sido consultadas de forma previa en la
ejecución de los proyectos de desarrollo.
Por su parte, la CIDH subrayó el papel fundamental de la sociedad civil en visibilizar estas violaciones y destacó las
claras obligaciones de derechos humanos que las IFIs tienen bajo el derecho internacional, insistiendo en la urgente
necesidad de rendición de cuentas. Asimismo, planteó el reto de evaluar si la desvinculación financiera podría
agravar las condiciones en Nicaragua, enfatizando la importancia de adoptar medidas efectivas y basadas en
principios.

Argentina: Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los
derechos humanos
Las organizaciones informaron sobre retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina.
Señalaron desfinanciamiento y despidos de funcionarios de los sitios de memoria, así como restricciones al acceso a
archivos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Expresaron su preocupación por el cierre de la
Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, que colaboraba en la restitución
de identidades de infancias apropiadas durante la dictadura. Además, señalaron que estas medidas regresivas se
producen en un contexto en el que se observan posturas y discursos oficiales, desde el más alto nivel de gobierno,
que relativizan, niegan y reivindican los crímenes cometidos durante ese periodo.
El Estado señaló que las reformas institucionales tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones con otras
agencias del Estado, en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. Informó que ha respondido a los
requerimientos judiciales en los juicios por crímenes de lesa humanidad y que las auditorías sobre las reparaciones
a víctimas se deben a irregularidades detectadas. Además, aseguró que los archivos y sitios de memoria continúan
siendo preservados. Por su parte, la CIDH reconoció el papel fundamental de las Abuelas de Plaza de Mayo en la
lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina. Expresó su preocupación por denuncias sobre narrativas que
criminalizan a víctimas y organizaciones de sociedad civil, así como por los discursos que minimizan los crímenes
cometidos durante la dictadura. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar la participación activa de la sociedad
civil en las políticas de memoria, verdad y justicia.

Regional: Impacto de zonas de economías especiales y jurisdicciones de baja
transparencia financiera en justicia fiscal y cambio climático
Organizaciones de varios países de la región alertaron sobre los efectos negativos de las zonas económicas especiales
y las jurisdicciones de baja transparencia financiera, destacando su impacto en la justicia fiscal, el cambio climático y la profundización de la pobreza y la desigualdad en la región. Señalaron que estas estructuras socavan la soberanía
democrática de los Estados, limitando su capacidad para proteger los derechos humanos, incluidos el acceso a la
información, los derechos laborales, territoriales, ambientales, y los derechos de las comunidades indígenas y
afrodescendiente. Además, facilitan la evasión fiscal, promueven la impunidad y contribuyen al lavado de dinero y
la corrupción al reducir la transparencia y restringir el acceso a la justicia.
Por su parte, la Comisión destacó la importancia de adoptar políticas fiscales alineadas con los estándares
interamericanos para garantizar la financiación de servicios públicos de calidad. Asimismo, advirtió que los
instrumentos que favorecen la evasión fiscal pueden afectar gravemente la capacidad de garantizar derechos
humanos como la salud y la educación, profundizando las desigualdades sociales en la región.
Perú: Impacto de la ley sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
para los casos del Comunicado de Prensa Conjunto
Las organizaciones solicitantes señalaron la existencia de impactos negativos de la Ley No. 32107 de 2024, normativa
que señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad previos al 1 de julio
de 2002, y solicitaron su derogatoria. Señalaron que esta ley representa un retroceso para el acceso a la justicia de
las víctimas de los casos comprendidos en el Comunicado de Prensa Conjunto, con afectaciones a más de 550
víctimas y a sus familiares.
El Estado resaltó su compromiso y el trabajo realizado en el marco del seguimiento de los casos del Comunicado de
Prensa Conjunto, incluyendo las reuniones periódicas con la CIDH y la parte peticionaria en los ejes de justicia e
investigación. Sobre el impacto de la Ley No. 32107, señaló que los órganos de justicia en el marco de su autonomía
han decidido no aplicar la ley bajo la figura de control difuso convencional y que, a la fecha, no se ha sancionado a
personas operadoras de justicia que no hayan aplicado la ley, aunque hay investigaciones administrativas al
respecto. A la vez, recalcó que están pendientes acciones de inconstitucionalidad sobre la referida ley, las cuales
serán resueltas por el Tribunal Constitucional.

La CIDH reafirmó que la impunidad perpetúa la injusticia y debilita el Estado de Derecho, afectando el
reconocimiento y dignidad para las víctimas, además de vulnerar las obligaciones internacionales de derechos
humanos. Llamó al Estado a tomar medidas para asegurar que la normativa y su aplicación efectiva esté alineada a
los estándares de derechos humanos de memoria, verdad y justicia en los casos del Comunicado de Prensa Conjunto.
Subrayó la necesidad de que las personas operadoras de justicia puedan actuar con autonomía y sin temor a
represalias para garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Regional: Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición
energética
Organizaciones y miembros de comunidades informaron sobre las amenazas y violaciones de derechos relacionadas
con la exploración y extracción de minerales para la transición energética. En este contexto, destacaron la urgencia
de abordar esta problemática respetando los derechos de las comunidades y los límites de los recursos naturales.
Señalaron la inconsistencias entre las estrategias de transición energética de la región y los principios fundamentales
de la acción climática, la protección de las personas y la conservación de los ecosistemas.

La Comisión destacó que el cambio climático y la protección del medio ambiente son desafíos críticos para la región.
Enfatizó la importancia de garantizar una transición energética justa con enfoque de derechos humanos, el
consentimiento libre, previo e informado, y abordar los riesgos específicos que enfrentan las personas defensoras
de la tierra y el territorio. Asimismo, informó sobre los avances del sistema interamericano en la materia y los planes
para el próximo año.
Perú: Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de
Justicia
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el reciente proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia
para el periodo 2025-2030 no se condujo conforme estándares interamericanos. Resaltaron falta de transparencia;
obstáculos para la veeduría ciudadana; ausencia de publicidad en los reglamentos y bases del concurso, así como
una carencia de perspectiva de género y diversidad étnico-racial para la composición de la nueva JNJ. Destacaron
que estos desafíos se produjeron en un contexto de debilitamiento democrático, marcado por injerencias indebidas
del legislativo en el sistema de administración de justicia. Por su lado, el Estado sostuvo que el proceso de
conformación de la JNJ garantizó los estándares interamericanos; observó los preceptos constitucionales y
reglamentarios. Al respecto, destacó garantías para la publicidad, transparencia y participación ciudadana. La CIDH
remarcó que el proceso de selección de personas funcionarias del sistema de justicia es un pilar fundamental para
el Estado de Derecho, debiendo garantiza la imparcialidad, transparencia y competencias del órgano judicial. La
Comisión recordó el monitoreo que ha mantenido sobre el sistema democrático y de justicia en el país y reiteró la
importancia del sistema de justicia para la institucionalidad democrática.

Guyana: Impacts of gender violence on migrant, sex workers and transgender
women
The requesting organizations expressed concerns over high levels of sexual and gender-based violence against
women in Guyana, including migrant women, trans women, and sex workers. Between 2020-2024, 275 cases of
violence against migrant women were reported, 69 cases of violence against trans women between 2018-2022 and
27 cases against sex workers in 2023. The requesting organizations stressed the need for legal reforms to safeguard
these vulnerable groups. The State highlighted its progress in protecting women and improving access to justice,
citing legislative measures like the recently passed Family Violence Act, proposed updates to Sexual Offences Acts,
specialized support programs for Venezuelan migrants and special gender-based violence police units. The IACHR
welcomed the advancements made by the State, particularly the Family Violence Act and stressed the need for
further dialogue and collaboration between the State and civil society. Further, the Commission called for robust
accountability mechanisms to ensure the efficiency and impact of the State’s protection systems in comprehensively
addressing gender-based violence.
Panamá: Situación de la población afrodescendiente en las Islas Casaya,
Casayeta y Bolaños
Solicitantes, informaron que la población afrodescendiente de las Islas Casaya, Casayeta y Bolaños enfrentan
obstáculos para la titulación de sus tierras y territorios que han ocupado históricamente; así como limitaciones en
el acceso y goce efectivo de sus derechos básicos como agua potable, electricidad, salud, educación y derechos laborales Exigen que se garanticen sus derechos a una vida digna sin discriminación. El Estado reconoció la situación
de pobreza en el archipiélago y los desafíos persistentes para proveer servicios básicos en las islas; a la vez, destacó
avances y medidas adoptadas en materia de salud y educación, asegurando que la atención brindada es igualitaria
y sin discriminación. Explicó que la titulación de tierras está restringida constitucionalmente por un régimen especial
para garantizar la seguridad del Canal de Panamá y proteger el ecosistema del archipiélago. La CIDH expresó
preocupación por la posibilidad de extinción de esta población, debido a la posible reducción de la población
afrodescendiente en el próximo censo. Destacó la precaria situación que enfrentan en estas islas les ha forzado al
desplazamiento fuera de ellas. Instó a fomentar un diálogo abierto y comunicación equitativa entre las partes,
reafirmando su disposición de cooperación y asistencia técnica.
United States: Impact of gun violence on human rights
La organización solicitante destacó que Estados Unidos enfrenta una epidemia de violencia armada debido a la falta
de regulación en el control de armas, lo que facilita la venta sin restricciones, la operación de vendedores no
autorizados y el acceso a armas de asalto. En particular, subrayó el impacto de esta problemática en niñas, niños y
adolescentes, especialmente de comunidades afrodescendientes, señalando que el acceso fácil a estas armas
provoca disparos accidentales, suicidios, agresiones y homicidios contra esta población, punto que fue acompañado
por el testimonio de víctimas. Por su parte, el Estado destacó los esfuerzos recientes para reducir la violencia armada
mediante medidas que han contribuido a disminuir homicidios y tiroteos masivos. La CIDH expresó su solidaridad
con las víctimas y su preocupación por el impacto que tiene esta problemática en niñas, niños y adolescentes
afrodescendientes. Asimismo, reconoció los esfuerzos realizados por el Estado, subrayando la importancia de que
estas medidas sean sostenibles a largo plazo.

Regional: Situación de los pueblos indígenas A’i Cofán, Andwas, Shuar, Siekopai,
Siona y Wampis
Representantes de pueblos indígenas y organizaciones solicitantes denunciaron riesgos a la supervivencia de los
pueblos indígenas transfronterizos ubicados entre los Estados de Perú, Colombia y Ecuador, como consecuencia de
la falta de garantías de derechos por parte de los Estados. Señalaron desafíos al ejercicio de derechos como la
autodeterminación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, la protección ambiental, la integridad
física, y el acceso a servicios de salud y educación. Expresaron especial preocupación ante el avance de actividades
ilícitas como el narcotráfico y la presencia de grupos armados, así como por las actividades extractivas, petroleras,
mineras y de deforestación que contaminan sus territorios. Destacaron la especial situación de vulnerabilidad de las
mujeres, quienes ejercen un rol de transmisión de los conocimientos ancestrales, así como los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario. Por su parte, la CIDH resaltó el deber de los Estados de proteger a los pueblos de manera
holística, con atención a los desafíos derivados del crimen organizado en el contexto transfronterizo. Reiteró su
disposición de continuar monitoreando la situación con la información que suministren los pueblos afectados y sus
representantes.

Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino

CNP: 15.730