Actualización de la base de datos de la CIDH
Nicaragua
La CIDH actualiza su base de datos sobre las cancelaciones de personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Durante este período, el Estado canceló la personería jurídica de 5.441 organizaciones, de un total de 7.227 registradas en 2018. Este cierre masivo constituye un ataque sistemático contra el pluralismo, el espacio cívico y la democracia en Nicaragua.
En 2024, el Ministerio del Interior asumió el rol principal de cancelación de organizaciones con el 37%, entre 2022 y 2023, el Ministerio de Gobernación ejecutó el 35% de las cancelaciones mientras que entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional fue responsable del 28% de las cancelaciones.
La base de datos de la CIDH es una herramienta que recopila información sobre las cancelaciones llevadas a cabo por el Estado desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, como parte de las actividades de monitoreo que realiza desde el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua.
Actividades o rubro de organizaciones canceladas
La CIDH destaca que entre las organizaciones más afectadas figuran las de carácter religioso (40%), de desarrollo (38%) y gremial (33%). De las organizaciones religiosas se cuenta con un registro de 1,341 entidades afectadas, principalmente vinculadas a iglesias católica y evangélica.
Normativa aplicada
El registro del MESENI-CIDH da cuenta de que más de 4,500 cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil se fundamentaron en la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. Asimismo, 808 organizaciones fueron canceladas sin un fundamento legal claro, y que también el Estado recurrió al Decreto Ejecutivo Nº 15-2018 —reglamento de la Ley Nº 977— y a la Ley Nº 1040 sobre Regulación de Agentes Extranjeros, entre otras disposiciones para restringir el funcionamiento de la sociedad civil en el país.
Audiencia pública
El 4 de marzo de 2025, en el marco del 192° Período de Sesiones de la CIDH, se celebró la audiencia pública titulada “Impactos de reformas constitucionales y legales en los derechos humanos”. En ella, representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, así como organizaciones regionales e internacionales, denunciaron la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua, impulsado por la reforma constitucional publicada en febrero de 2025.
En dicha audiencia, las oganizaciones señalaron que la reforma concentra el poder en el Ejecutivo, elimina la separación de poderes y legaliza mecanismos de represión bajo una fachada de legitimidad. También informaron sobre la eliminación de garantías fundamentales como la prohibición de la tortura, el debido proceso y la libertad de expresión, así como la utilización del Ejército para tareas de orden público. Además indicaron que el uso de la figura de “traidor a la patria” como herramienta para perseguir, encarcelar, exiliar y despojar de su nacionalidad a personas defensoras de derechos humanos, opositoras o percibidas como tales.
Las organizaciones participantes alertaron además sobre el impacto desproporcionado de estas medidas en mujeres defensoras, pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas, líderes religiosos y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Expusieron datos alarmantes que incluyen más de 190 casos de detenciones arbitrarias, 348 actos de represión migratoria, la desaparición forzada de al menos 12 personas (5 de ellas mujeres) y la confiscación de bienes a opositores políticos y sus familias.
Asimismo, denunciaron el cierre forzado de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil desde 2018, incluyendo centenares de organizaciones feministas y de mujeres. Ante esta grave situación, solicitaron a la CIDH mantener el monitoreo constante sobre Nicaragua, exhortar al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales y restaurar el Estado de Derecho, así como instar a actores internacionales a condicionar cualquier tipo de financiamiento al respeto y garantía de los derechos humanos.
Cifras de la represión
42 | Personas privadas de la libertad
355 | Víctimas fatales en el
contexto de la crisis
150 | Estudiantes expulsados
+405 | Profesionales de la
salud despedidos
5.441 | Organizaciones canceladas
+450 | Organizaciones canceladas
MESENI en cifras
236 | Comunicados de prensa
2364 | Testimonios tomados por la CIDH
43 | Capacitaciones facilitadas
1028 | Personas capacitadas
164 | Medidas cautelares otorgadas
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Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino
CNP: 15.730
