En el marco del 191 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la conferencia de prensa sobre la crisis de derechos humanos y democracia en el contexto electoral en Venezuela, de forma presencial en su sede en Washington D.C. y vía la plataforma Zoom.

Este intercambio con la prensa fue liderado por la Presidenta de la CIDH, Roberta Clarke y la Comisionada Gloria de Mees, Relatora de País para Venezuela. Además, en la mesa participaron los otros cinco miembros del Pleno de la CIDH, los Comisionados Carlos Bernal, José Luis Caballero, Edgar Stuardo Ralón, Andrea Pochak y Arif Bulkan, junto a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum; la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido; y el Coordinador del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), Santiago Martínez. 

La Presidenta Roberta Clarke expresó su preocupación por la gravedad de la situación en el país y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Además, afirmó que la CIDH continuará monitoreando y visibilizando las afectaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por su lado, la Comisionada Gloria de Mees manifestó que una de las principales inquietudes de la CIDH son las detenciones de adolescentes por actos etiquetados como “terroristas” por las autoridades. También reiteró que el gobierno venezolano debe poner fin a su represión y liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente.

Encuentre los discursos completos de la Presidenta Roberta Clarke y de la Comisionada Gloria de Mees en la sección de Conferencias de Prensa de nuestra página web. 

La CIDH agradece a los periodistas por su interés y participación en esta conferencia. 

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Conferencia de prensa – Venezuela
Crisis de derechos humanos en contexto electoral
191º Periodo de Sesiones
12 de noviembre de 2024 | Washington, DC
Palabras de la Presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke

Buenos días. Mi nombre es Roberta Clarke y soy la Presidenta de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Convocamos esta conferencia de prensa en ejercicio de nuestro mandato
para generar conciencia sobre los problemas de derechos humanos que afectan a los pueblos de
las Américas y el Caribe, y promover el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en
toda la región. Me acompaña todo el Pleno de la Comisión.
Durante más de dos décadas, la Comisión Interamericana ha monitoreado de cerca la
situación de Venezuela. Debido a los patrones de ataques a la democracia, persecución política,
abusos y represión, Venezuela ha sido incluida en el capítulo IV.B de nuestro informe anual durante
15 años consecutivos.
Con la situación deteriorándose, en 2019, la Comisión Interamericana estableció un
mecanismo especial de monitoreo para Venezuela, conocido como MESEVE. A través de este
mecanismo, recibimos y analizamos información de diversas fuentes, incluyendo declaraciones y
políticas del gobierno, informes de organizaciones de derechos humanos, actores de la sociedad
civil, periodistas, personas involucradas en la política y el sistema de la ONU.
El incumplimiento de las reglas electorales en las recientes elecciones es una clara violación
de los derechos políticos del pueblo venezolano. Tres meses y medio después de las elecciones,
nuestro mensaje hoy es: lo que ocurrió y continúa ocurriendo en Venezuela este año no debe ser
aceptado ni normalizado.

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las
elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. Esta es una negación flagrante de los
derechos políticos de los venezolanos y constituye una clara evidencia de que la democracia ha sido
efectivamente desmantelada en el país.
A aquellos que puedan decir que esto es un asunto para los venezolanos, les recordamos
que, en respuesta a las protestas por la falta de divulgación de los resultados electorales, el régimen
venezolano ha detenido y encarcelado arbitrariamente a muchas personas. La represión política es
la realidad para quienes alzan la voz.

Como comisión de derechos humanos, no podemos sobrestimar la gravedad de la situación.
No solo nos preocupa la negación continua de los principios democráticos, desde 2015, casi 8
millones de venezolanos han huido de su país como refugiados y migrantes. La migración
venezolana es la mayor crisis de desplazamiento jamás vista en nuestro hemisferio. Los venezolanos
buscan seguridad y oportunidades para ellos y sus familias.
Solicitamos que la comunidad internacional que no cese en exigir responsabilidades,
insistiendo en la publicación de las actas y pidiendo una revisión independiente del proceso electoral.
Sin estas acciones, la declaración del Consejo Electoral proclamando el tercer mandato de Nicolás
Maduro no es legítima.
Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué un organismo de derechos humanos está
abordando las alegaciones de fraude electoral, o por qué este es un asunto para la comunidad
internacional. La respuesta es sencilla: los derechos políticos son derechos humanos, y en una
democracia, cada voto cuenta. Como recuerda la Carta Democrática Interamericana, la democracia
representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.

Además, la Comisión Interamericana, durante décadas, ha levantado alertas sobre el
socavamiento de la independencia de instituciones clave como el Consejo Electoral, el Tribunal
Supremo de Justicia y la Fiscalía General. La falta de transparencia en los resultados electorales del
28 de julio es una consecuencia directa de esta descomposición institucional.
Antes de ceder la palabra a la Comisionada Relatora Gloria de Mees, quiero transmitir tres
mensajes importantes.
Primero, la Comisión Interamericana expresa su solidaridad con el pueblo venezolano. No
olvidemos que más personas votaron que en elecciones anteriores, a pesar de un ambiente de
intimidación y actos de persecución.

En segundo lugar, las acciones del régimen en el poder son represivas, silencian la disidencia
y suprimen las voces críticas. Todos los prisioneros políticos y todas las personas detenidas
arbitrariamente deben ser liberadas inmediatamente.
Finalmente, la Comisión Interamericana continuará monitoreando y visibilizando la crisis de
derechos humanos en curso, y haciendo un llamado por una transición pacífica hacia la democracia.

Conferencia de prensa – Venezuela
Crisis de derechos humanos en contexto electoral
191º Periodo de Sesiones
12 de noviembre de 2024 | Washington, DC
Palabras de la Comisionada Gloria de Mees

Buenos días. Mi nombre es Gloria de Mees y soy la relatora para Venezuela.
Como mencionó mi colega Roberta Clarke, presidenta de la Comisión, el 28 de julio de 2024,
Venezuela celebró sus elecciones presidenciales, las cuales registraron una mayor participación
electoral en comparación con elecciones anteriores, así como un notable aumento en el número de
voluntarios que actuaron como testigos y observadores de las urnas. Sin embargo, tras el cierre de
los comicios, surgieron importantes quejas sobre graves irregularidades en la transmisión de los
resultados electorales, así como falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría
ciudadana.
Estas graves acusaciones de fraude electoral e irregularidades desataron al menos 300
protestas espontáneas en todo el país, movilizando a diversos sectores sociales, particularmente a
residentes de áreas de bajos recursos.
En respuesta, el régimen recurrió al terror como herramienta para suprimir a la población y
mantener su control del poder. Como resultado, las protestas fueron enfrentadas con una dura
represión por parte de las fuerzas estatales y grupos armados no estatales afiliados al partido
gobernante, conocidos como “colectivos”. Este patrón de represión refleja el observado por la CIDH
en protestas anteriores, particularmente en 2014 y 2017, incluyendo:

El uso arbitrario de la fuerza, resultando en pérdida de vidas y heridas.

• Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
• Persecución judicial y acoso a opositores percibidos y voluntarios electorales.
• Censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
• Obstáculos al activismo en derechos humanos.

Entre el 28 y el 30 de julio, al menos 23 personas fueron asesinadas durante las protestas.
Los informes preliminares indican que la mayoría de las víctimas, con edades entre 15 y 56 años,
provenían de áreas de bajos recursos.
Desde el 28 de julio hasta el 13 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil
documentaron al menos 1.393 detenciones, incluyendo 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas
con discapacidad, 14 indígenas y 7 periodistas. Cabe destacar que el gobierno reportó una cifra
mucho mayor, afirmando que 2,000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones.
Las personas detenidas enfrentan cargos criminales basados en delitos vagamente definidos
que conllevan sanciones excesivamente severas. Estos cargos, incluyendo incitación al odio,
terrorismo, conspiración, traición, asociación delictiva, resistencia a la autoridad, obstrucción de vías
y desobediencia, son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión. También
sirven para instaurar un clima de miedo, con el fin de sofocar futuras protestas y disidencia.
En el contexto de estos procesos penales, se han reportado numerosas violaciones a los
derechos humanos, particularmente violaciones de garantías judiciales. Estas incluyen:

La negación del derecho a la representación legal de su elección, con la imposición de
defensores públicos.

• La negación de la comunicación y representación para los adolescentes por parte de sus
  familias.
• La falta de provisión de servicios de interpretación y el respeto de los derechos
  interculturales en los procesos que involucran a personas indígenas.
• La negación de ajustes razonables para personas con discapacidades.

La CIDH está particularmente alarmada por los 69 adolescentes, incluyendo un menor en el
espectro autista, que siguen privados de libertad, detenidos en relación con las manifestaciones.
Estas personas han sido etiquetadas como “terroristas” por las autoridades y han sido recluidas en
instalaciones de detención junto a adultos, a menudo sin la debida segregación por género.
Muchos han sido juzgados en procedimientos en línea en tribunales de terrorismo, sin la
presencia de sus familias o tutores legales.

Desde las elecciones del 28 de julio, los defensores de derechos humanos han enfrentado
una represión creciente por parte del estado. Estas personas son vistas automáticamente con
sospecha por las autoridades, y sus esfuerzos para defender los derechos humanos activan los
mecanismos represivos del régimen. Al menos 36 defensores de derechos humanos, periodistas y
miembros de sus familias han tenido sus pasaportes anulados sin que el estado haya emitido una
notificación oficial o explicación sobre la revocación.
Entre el 28 de julio y el 29 de agosto, un mes después de las elecciones, se han registrado
aproximadamente 130 casos de violaciones a la libertad de expresión. Estos incluyen la detención
arbitraria de al menos 13 periodistas y profesionales de los medios, quienes fueron acusados sin
fundamento de “incitación al odio” y “terrorismo”. Otras acciones reportadas incluyen el cierre y
allanamiento de medios de comunicación, acoso a periodistas, bloqueo masivo de sitios web y
plataformas de comunicación, confiscación de equipos y deportación de personal de prensa
internacional.
Estas acciones han generado una creciente autocensura y han forzado a muchos periodistas
al exilio, reflejando un patrón sistemático de acoso al trabajo periodístico y una escalada en la
criminalización del derecho a la libertad de expresión.

Todo esto ocurre en un contexto de total impunidad, donde no hay protección para las
víctimas, ya que las agencias estatales responsables de la supervisión están controladas por el
régimen y son cómplices de su estrategia represiva.
El mensaje principal hoy, y lo reitero, es que el gobierno venezolano debe poner fin a su
represión y liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente.
La Comisión Interamericana hace un llamado a la comunidad internacional para que
reconozca la gravedad de la situación y el efecto paralizante que esta represión ha tenido sobre la
población. También hacemos un llamado a un esfuerzo diplomático coordinado y multilateral para
apoyar la transición pacífica de Venezuela hacia la democracia.
Gracias

Periodista: Enrique Raúl Vivas Pino

CNP: 15.730